Señora Presidenta:

Se preocupa ud., con razón, por la democracia. Preocupación esencial en un país que conoció diecisiete años de dictadura. Sin embargo, el vínculo que ud. estableció, en su declaración en Suiza (02.6.07), entre democracia y violencia mapuche deja lugar al desasosiego:

“Los presos mapuche han cometido delitos. Son personas que han buscado una manera de resolver problemas efectivos que tienen, pero de una manera que no nos parece la manera democrática y pacífica que debe existir”. Se puede criticar “el trato que recibió el pueblo mapuche en cuanto a la posesión de sus tierras”, se puede decir que “hace 200 años ellos sufrieron usurpación de lo que eran sus territorios. Eso puede ser un concepto, pero en democracia y en una vida normal, uno no resuelve sus problemas por la violencia”. Parece una afirmación muy comprensible, pero sólo en apariencia pues la usurpación  no es un concepto sino una realidad que ha cruzado los siglos. No ignora ud. la expoliación de tierras, los atropellos, los vejámenes, denunciados reiteradamente por los dirigentes mapuches a lo largo del siglo XX. Es decir, ayer, no hace únicamente 200 años. Son prácticas que contradicen absolutamente la democracia.

Detengámonos un instante en la violencia. Esta fue un recurso constante en la constitución de la propiedad de la tierra en la región de la Araucanía. Un historiador de la Frontera, escribió en 1986 : “Historiar la propiedad de la tierra en muchas regiones de la Frontera es un trabajo que algún día será preciso hacer; pero sin duda no es conveniente hacerlo por ahora, pues aún están muy cerca los autores de estas irregularidades”, es decir de las usurpaciones. J. Valdés Cange ya lo señalaba en 1910 (Sinceridad), refiriéndose a los indígenas: “muchas familias distinguidas , que hoi se pavonean en los salones aristocráticos de Santiago, conquistaron en la frontera, a espensas de la miseria i de la muerte de centenares de estos infelices, las fortunas que les exaltaron, hasta los envidiados puestos que hoi ocupan”. Casi cien años después, la situación no ha cambiado radicalmente. Hoy se llaman compañías forestales. Transnacionales que con guardias armados y otras prácticas no tan democráticas desconocen el derecho de los mapuche sobre sus tierras, acusándolos de robo, de usurpaciones, de amenaza a la seguridad, para luego, con mayor soltura, echarles la ley encima. Qué desparpajo!

Otros se arrogan, ante los tribunales, derechos inalienables. Un ejemplo inequívoco: la Sociedad Galletué, en los años noventa, alegaba derechos sobre la tierra y las araucarias en Quinquén. ¿De dónde les venía ese derecho sobre suelos y bosques seculares? Al terminar la dictadura recibió una millonaria indemnización decidida por la Corte Suprema, para que no terminara talando la totalidad de las araucarias. Como si fuera poco, logró después que los tribunales dieran orden de desalojo de familias pehuenches, para evitarlo el fisco hubo de comprar (1992) veintiséis mil hectáreas de tierra por seis millones ciento cincuenta mil dólares. ¿A cuántos escandalizó o conmovió no sólo la injusticia sino además la espeluznante falta de decoro?

Podríamos continuar la historia. En todo caso no son los mapuches quienes han incurrido en violentas transgresiones a la legalidad. El último tramo del siglo XX es una triste ilustración. Fueron asesinados campesinos mapuches: los hermanos Cheuquelén, Moisés Huentelaf y Juan Millapán (1971); un gobierno democráticamente elegido cayó bajo las bombas y la metralla (1973).

Muchos de los que hoy se erigen en furibundos defensores del estado de derecho y de la seguridad, fueron ayer de manifiesta discreción o de franca anuencia ante la violenta ruptura de la democracia. Pareciera que hoy sufren de amnesia repentina y posan como modelo de cordura.

Hacia los mapuches, los procedimientos democráticos no han evidenciado mucho vigor como ha ocurrido en el período reciente :

En Ralco (1996) el proyecto de Central Hidroeléctrica se llevó a cabo omitiendo no sólo la voluntad de la población concernida, sino la objeción de Servicios Públicos a tal proyecto y el rechazo de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) cuyo director fue llevado a renunciar de su puesto; aquí, el relator de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, R. Stavenhagen, constató además (2003) “graves irregularidades en las etapas de diseño, planeación y ejecución de esta obra y la de Pangue”.
Se abrieron basurales en la novena Región y se prescindió de las reiteradas protestas mapuches por problemas medioambientales. Se talaron miles de hectáreas de bosque nativo para suplantarlo por 200.000 hectáreas de eucaliptos y pino radiata en el último cuarto del siglo XX, especies de rápido crecimiento y cuya extensión corresponde a los objetivos de los grupos forestales: producción de pulpa y celulosa para el mercado internacional.
Se concibió ahora el proyecto de construcción de un aeropuerto en Quepe, novena Región, al margen de los habitantes del lugar. Al parecer es ésta una realidad menos amenazante que la “violencia” mapuche. Todo sea por el crecimiento económico. ¿De quién? En todo caso es una opción reveladora de una concepción del desarrollo y del crecimiento que no se compadece con los derechos de los pueblos indígenas y del pueblo chileno en general.

Durante años se recurrió a la ley antiterrorista (1984) heredada de la dictadura, y posteriormente enmendada, para descargarla sobre los mapuche por actos supuestamente delictuosos destinados a “provocar el miedo”. Por añadidura, se les inculpó recurriendo a “testigos sin rostros”. Esto no suscitó mayor reacción de los medios de comunicación, ni de ciertos responsables políticos, pero fue denunciado por La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). Según ésta, los delitos que se les imputaban habrían sido, en otros tiempos, constitutivos de delitos ordinarios y tratados por la legislación general. Pero en este ámbito eso no es todo : al parecer hay encapuchados tolerables y otros condenables, si nos atenemos a la vehemente reacción del subsecretario del Interior ( 2002 ) quien tratara de cobardes “ a los que con rostro encubierto emplean la violencia”, mapuches obviamente.

Los Tribunales de justicia han sido de un indefectible rigor. Y la policía ha reeditado una implacable represión: allanamientos de comunidades como Temucucui (2006), amedrentamientos, vejámenes, muertes (Alex Lemún, Juan Collihuin) ¿Se aplicó el mismo rigor a los guardias armados de las forestales, o al asesino del joven Lemún o a quienes incendiaron la camioneta de un abogado de derechos humanos (2001)? ¿Qué investigaciones se han realizado acerca de los autoatentados perpetrados por guardias de seguridad de las forestales y que fuera  reconocido por uno de ellos en 1999, luego denunciado por un diputado en febrero del 2000?  La balanza de la justicia sigue inclinándose proporcionalmente al peso de la fortuna y de la posición social de los litigantes. En este sentido, los versos de Pablo de Rokha son certeros: a los mapuches “les echaron los perros de la ley encima, encarcelándolos por abigeato, después de haberles saqueado los ganados e incendiado los sembrados …”. Hoy son encarcelados y perseguidos como terroristas por el reclamo de tierras ancestrales. Qué increíble desproporción!

Políticamente hay un abuso semántico deliberado: “asociación ilícita terrorista”, “incendios terroristas”, “amenaza terrorista”, “actos tremendos terroristas”. ¿Cuál es el parangón entre los actos terroristas en otras partes del mundo (bombas, atentados, muertes de inocentes) y el llamado “terrorismo” mapuche? Se diría que Chile ostenta los actos terroristas más horripilantes. Al menos que bajo pretexto de este “enemigo interno” algunos busquen mantener en vigilia a los aparatos represivos para garantizar la paz social a su modelo de crecimiento económico.

La prensa, menos locuaz frente a la posición privilegiada de los acusadores (los latifundistas, las compañías forestales, la Corporación de la Madera, El Mercurio), ha cubierto con creces el “conflicto mapuche” acuñando un léxico guerrero: terrorismo, infiltrados, financiamiento externo, lucha armada, estado de guerra, asaltos, turbas. Las forestales no son ajenas a los grupos de prensa que dominan sin contrapeso el mundo mediático chileno. Realidad inquietante para el pluralismo informativo y por consecuencia para la democracia.

Dos últimas observaciones respecto de otras formas de violencia que menoscaban la vida democrática:

La pobreza. Según el Censo de población de 2002, 13 % de la población mapuche sufre de pobreza. Pobreza no sólo en el campo sino en las áreas urbanas que han absorbido a la mayoría de la población. Conforme a datos de CASEN (2006), las regiones de la Araucanía y del Bío-Bío presentan los mayores índices de pobreza del país. Lamentablemente Chile cuenta todavía con más de dos millones de pobres, de los cuales más de medio millón en situación de indigencia, mientras los ingresos del 10 % más rico es 31 veces superior a los ingresos del 10 % más pobre. Las desigualdades son escandalosamente patentes.

La discriminación. ¿No es una forma de agresión ideológica y cultural? Una cierta prensa y conocidos historiadores fueron los principales artífices, desde el siglo XIX, de los prejuicios que han tenido el cuero duro: “salvajes”, “bárbaros”, “perezosos”, “borrachos”. ¿A quién llama la atención? Quizás sea normal en un país en donde tener apellido mapuche es ser ciudadano de escasa o ninguna categoría, en cambio, llevar apellido de origen europeo (francés, alemán, inglés ...) es casi un signo de distinción social. ¿No discriminan los Tribunales al condenar a un estudiante mapuche, como Waikilaf Cadin Calfunao (que en carta abierta denuncia la injusticia), con todo el peso de la ley, manteniéndolo encarcelado en la sección de alta seguridad mientras muchos de quienes violaron los derechos humanos, bajo la dictadura, están impunes? Cómo decirle a los jóvenes que no lo resientan como un escupitajo! El Estado, como lo estipula la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, debe garantizar a toda persona la igualdad ante la ley, sin discriminación ninguna.

Creo, señora Presidenta, como ud. seguramente, que la represión no evitará la violencia que le preocupa. Por el contrario, el desafío consiste en profundizar y afianzar la democracia. En el caso mapuche significa comenzar atendiendo sus demandas de años: reconocimiento constitucional como se ha hecho en la mayoría de los países latinoamericanos, ratificación de la convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Supone replantearse el cuadro institucional que hoy le es hostil (poder político, judicial, medios de comunicación y económico evidentemente). La tarea es grande pues debe alcanzar las mentalidades. Se trata, en suma, de plasmar un proyecto colectivo de país, en vísperas del bicentenario, que descanse equitativamente en todos los componentes de la sociedad para que sean actores efectivos de su presente y de su futuro. Mientras no exista, en el país, una real voluntad política para avanzar hacia ese objetivo, su encomiable declaración de junio de 2006, seguirá siendo letra muerta:

“Queremos un país cada vez más participativo, digno y justo para todos. Y también, por cierto, para los pueblos indígenas, para nuestros pueblos originarios. Un país inclusivo, sin discriminaciones”. Señora Presidenta, es lo que fervientemente deseamos todos. Infortunadamente, estamos aún distantes de ese país.

Arauco Chihuailaf N.
Julio 2007