26 de agosto de 2002 |
Bajo la torrencial lluvia que caía furiosamente sobre la ciudad se palpaba otro tipo de ira, antigua y clara, serena y decidida. Es la indignación mapuche al sentirse marginados, humillados y violentados por la represión del Estado chileno y, por ello, se vinieron a Santiago a difundir su palabra y movilizarse por la liberación de los presos políticos mapuche. Y no son pocos: 15 actualmente encarcelados; 28 condenados y en libertad provisional; 91 procesados y en libertad condicional y 19 con órdenes de detención.
Se estima que alrededor de 400 dirigentes y comuneros mapuche han sido detenidos en alguna oportunidad en los últimos tres años, lo cual constituye tan solo una de las manifestaciones de la represión llevada a cabo por diversas instituciones del estado. Claro, porque, como señala el joven dirigente estudiantil Juan Pichun, "el gobierno decidió llevar el tema mapuche al plano delictual, al plano policial, acusándonos siempre de delincuentes o terroristas y es precisamente eso lo que queremos revertir con nuestra venida a Santiago, es decir, socializar el tema de los presos políticos mapuche.
Acá hay muchos sectores, movimientos sociales y gente común que tienen la visión que entregan los medios de comunicación manejados por el gobierno y los poderes económicos". Y Juan no vino solo ni por decisión propia, si no que por petición expresa de los lonko Pascual Pichun de la comunidad de Temulemu y Aniceto Norin de la comunidad de Didaico, ambos detenidos en la cárcel de Traiguen. Fueron nuestros lonko, dice enfático Pichun, quienes "enviaron un mensaje muy claro al presidente: El Sr. Lagos es un socialista fascista que se ha transformando en un mozo de las transnacionales y de las grandes empresas".
Y no cabe duda que tal aseveración es compartida por todos los mapuche que realizaron el periplo a la capital con el objetivo de dar a conocer la situación que viven los presos mapuche, pues, dice con rabia Elizabeth Catrinao, esposa del lonko de Didaico, "lo único que quiere el gobierno es tener a los mapuche detenidos. Siempre le echan la culpa a los mapuche mientras se protegen y se esconden entre ellos". Mi esposo está hace siete meses detenido sin pruebas, y sin justificación, injustamente, le niegan la libertad. Hoy sufre él en la cárcel y sufrimos nosotros como familia. Para mí han sido momentos difíciles con los niños estudiando, sola enfrentando todos los problemas: el tema de mi esposo, la casa, hijos, animales." Su ira es compartida por Flora Coyonao, una de las esposas del lonko de Temulemu quien, además, ha debido enfrentar la detención de dos de sus hijos, Pascual y Rafael Pichun. Indignada sostiene que "a los lonko le echan la culpa de todo lo que pasa. A mis hijos los fueron a buscar a mi casa, pero si fueran culpables de algo habrían estado escondidos en el monte, pero a la casa los fueron a buscar. A mí el fiscal Raúl Bustos me citó y me dijo que hiciera una declaración falsa. Que dijera mentira, una palabra secreta entre los dos, pero yo no podía declarar mentiras. Le dije: ojalá que no me cite nunca más, porque no voy a venir más. Lo que pasa es que el fiscal de Traiguen está pagado por los ricos y la jueza igual y por eso no le dan la libertad. No hay justicia para los mapuche, la justicia la tienen comprada los ricos. Los mapuche no tienen plata para comprar una autoridad."
De hecho, la injusticia y la pobreza son dos elementos componentes de un mismo cuadro que ha sido replicado históricamente por gobiernos de distinto signo, pero de similar visión racista, y el de la Concertación no es excepción, porque, de acuerdo a Osvaldo Nahuelpi, joven dirigente de la comunidad de Pantano, "el gobierno ha impuesto la injusticia, incluso más que la dictadura militar ¿Dónde está la democracia? Se supone que se acabó la detención por sospecha, pero a nosotros nos detienen a cada rato por el solo hecho de ser mapuche. Su hermano Ricardo Nahuelpi es enfático en señalar que "en este momento las 3 comunidades de Temulemu, Pantano y Didaico se encuentran en una situación de pobreza extrema a pesar de los años que ha estado en el poder este gobierno supuestamente democrático y que tanto habla de trabajar por los pobres y los mapuche".
Sin embargo y, luctuosamente, "el problema existe no solo en Traiguen si no que en todo el territorio los mapuche son encarcelados, procesados y perseguidos por parte de la justicia huinka". Es muy triste cuando uno piensa lo que sucede a estos peñi, a los lonko de Traiguen - prosigue Bernardo Llanca, werken de la comunidad Juan Aylla Varela de Collipulli - pero está claro que la justicia trabaja por dinero y es pagada por empresarios forestales, latifundistas y el gobierno".
En esto poco hay de novedoso, por cierto, si es que uno analiza, aunque sea de manera somera, la historia de la relación entre el estado chileno y los pueblos originarios, no obstante, los mapuche están convencidos que no es casual que el gobierno decidiera implementar la reforma procesal penal en la IX región, pues la designación de fiscales ha redundado en un mayor nivel de represión y de legitimación de la misma ante los ojos de la opinión pública, pues siempre se argumenta que tan solo se está aplicando la ley. Empero, Alfonso Reiman, presidente de la Asociación Ñankucheu de Lumaco, indica que "siempre se refieren al mapuche violento, opuestos al progreso, que no respetan el estado de derecho, pero habría que preguntar ¿Cuándo se ha respetado el estado de derecho a nosotros? ¿Será legal y justo que las empresas forestales exterminen grandes extensiones de árboles nativos? ¿Será justo que una persona como Angelini tenga 500 mil hectáreas de tierra y nosotros los mapuche que somos 1.5 millones tengamos solo 300 mil hectáreas?.
La respuesta pareciera ser demasiado evidente: es injusto y vergonzoso, no obstante, generalmente cuando se trata el tema mapuche se lo hace desde un prisma sesgado por una visión nacionalista y sectaria que hace imposible aceptar el carácter pluricultural de Chile. Además, las clases dominantes intentan reprimir y aislar al pueblo mapuche satanizando su lucha y distanciándolo de la sociedad chilena. Por lo mismo, sostiene Reiman, "el gobierno, en concomitancia con los medios de comunicación, quiere hacer creer a la opinión pública que este es un tema minúsculo" y, por eso, "hemos tomado contacto con organizaciones sociales, de derechos humanos, de trabajadores, pobladores y políticas para que entiendan el objetivo de nuestra lucha. Aquí no se ha producido un encuentro entre el pueblo mapuche y la sociedad chilena. Muchos chilenos se sienten avergonzados de ser mapuche y la educación y las ideologías son responsables de ésto. Pero el modelo económico, el capitalismo y la globalización afectan no solo a los mapuche si no que a todos los excluidos y marginados del sistema. Nuestra lucha es contra los terratenientes y las forestales, no contra los chilenos, porque tenemos un enemigo común".
Un enemigo que no trepida en utilizar todos los medios de coerción de los cuales dispone para reprimir a un pueblo que lucha por sus derechos culturales, territoriales y políticos. "Cuando se lucha y se reclama lo primero que se hace es encarcelarnos", afirma indignado Bernardo Llanca, "al mapuche lo tratan de violentista, pero son los carabineros los que actúan siempre con violencia y siempre escondidos de los medios de comunicación, cuando van a un allanamiento van con todas las fuerzas que pueden, más de 200 carabineros para ir a buscar una persona. Usan las armas para poder castigar bruscamente, para que el resto de la sociedad mapuche piense que si ellos hacen un levantamiento van a ser igualmente castigados. El lonko Francisco Llanca, de Collipulli, fue detenido y herido en su propia casa para atemorizar al resto de la comunidad". Además, en una clara maniobra destinada a intentar dividir al movimiento mapuche y a separar a las bases de sus dirigentes y organizaciones, "los fiscales prometen de todo a los miembros de la comunidad para que declaren en contra de los detenidos. Le tratan sacar mentira por verdad. El peñi Gastón Aylla, por ejemplo, salió en libertad, pero tiene que culparse en el juicio oral o culpar a alguien más. Es lo que hace el fiscal Alejandro Ríos en Collipulli."
Entonces, la situación del pueblo mapuche no solo tiene que ver con la pobreza y la marginalidad, sino que con su subsistencia como nación, ya que el estado recurre a cualquier artilugio, legal o ilegal, para destruir un movimiento que ha alcanzado importantes niveles de unidad y puntos de encuentro para lograr sus múltiples objetivos. Claro, porque a pesar de diversos enfoques o distintos métodos de lucha, lo concreto es que todas las organizaciones mapuche luchan por la tierra y por sus derechos como pueblo. Además, existe una creciente conciencia, como plantea el werken Bernardo Llanca, que "quieren el exterminio, eliminar al pueblo mapuche, pero somos una nación diferente, tenemos un idioma distinto, religión y cultura, hasta un deporte propio". Y precisamente por oponerse a dicho exterminio, por luchar por sus derechos como pueblo nación es que han sido detenidos los lonko de Traiguen y centenares de mapuche, pero el gobierno parece no entender que, manifiesta con decisión Ricardo Nahuelpi, "no vamos a desistir jamás en recuperar nuestra tierra, pues esa tierra es lo que nos permitirá continuar nuestra cultura y nuestro desarrollo". Y no les amedrentarán ni la acción policial, ni la fiscalía ni los paramilitares, como el grupo "Hernán Trizano", conformado clandestinamente por agricultores, ni los secuestros de niñas pequeñas, como el acaecido en Chol-Chol, ni nada, porque "los que tienen que irse son ellos, nosotros somos de aquí".
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