Durante cuatro meses, el tribunal del pueblo maderero no tuvo secretario ni juez titular. Asumió como subrogante Jaime Gajardo, defensor público y abogado de Forestal Celco. Si faltaba, corría en su reemplazo Romilio Gutiérrez, juez de policía local y abogado de Celulosa Arauco y Constitución. Demandantes, propietarios y forestales denuncian que fueron juez y parte. La Corte Suprema ya tiene los antecedentes.

Carla Alonso
Nacion Domingo

La musiquilla de espera es un peaje obligado. Graciela Pinochet, secretaria subrogante del Juzgado de Letras de Constitución, levanta finalmente el auricular y del otro lado del hilo escucho una voz cansina que suena a postal sonora de la aparentemente bucólica “Conti”, como le dicen allá. Pregunto por el abogado Jaime Gajardo Chacón, defensor público y hasta hace poco juez subrogante del tribunal.

-No está, pero lo ubica en su oficina particular de Celco -dice la voz con naturalidad.

Comienza así a descorrerse el velo del olor a pino y a aparecer la cara tosca de esta ciudad cuyo nombre es un homenaje a la legalidad, pero que siempre fue territorio de gente dura, zona de frontera. Apoyada sobre el mar y el Maule, ésta fue alguna vez, y por siglos, la frontera entre la colonia española y los pueblos mapuches.

“Es un lugar rudo, violento. Las clases sociales viven mezcladas. Una vez, un tipo quiso arreglar cuentas con Rigoberto Rojo (gerente de la forestal Celco). Estaba indignado. Entró a su casa y lo agarró a golpes. Acá las cosas son oscuras. Muchas veces desconocidas”, cuenta un ilustre ciudadano nacido y criado en la zona que no quiere revelar su identidad.

Escribo el número de Gajardo, el ex juez, el abogado de Celco, el defensor público. Me pregunto si estará en el “saloon” de un pueblo del lejano oeste. Pero me acuerdo que esto es el Chile democrático y que esta especie de doble militancia de Gajardo está en manos del ministro visitador de la Corte de Apelaciones de Talca, Manuel Zañartu, quien desde fines de septiembre investiga lo que se dice de esa lúgubre oficina de dos pisos, anclada a pasos de la Plaza de Armas de Constitución. Sobre todo, Zañartu investiga las causas protagonizadas por Celco en este tribunal de frontera.

LA LISTA DE ANGELINI

Talca. Los alegatos retumban en la Primera Sala de la Corte de Apelaciones. Zañartu hace una pausa para responder una pregunta rayana en lo ridículo: ¿Cómo un juzgado donde van a parar todos los enormes problemas relacionados con la empresa forestal de Angelini pudo estar acéfalo este año por cuatro meses?

O más ridículo todavía: ¿cómo puede ser que Gajardo Chacón sea juez y defensor público si es también abogado de la empresa a la que aquí en Constitución se acusa de todas las tropelías de un spaghetti western? Y mejor aún: ¿dónde se ha visto que las ausencias de Gajardo fueran suplidas por alguien como Romilio Gutiérrez Matte, juez de policía local de esa ciudad, abogado de Celulosa Arauco y Constitución y accionista de la forestal Celco?

La fantasía del “saloon” se hace cada vez más real. Interpelo a Gutiérrez (padre del “Nacho” Gutiérrez, panelista-rostro de “SQP”), quien simpático, campechano, dice que es un a “lata tener que asumir, obligatoriamente, el cargo de subrogante. Además, no nos pagan nada. Cuando me tocó la causa relacionada con Celco, me inhabilité de inmediato”.

Como sea, la lista de subrogantes -que encabezan Gajardo y Gutiérrez- la redacta la misma Corte de Apelaciones de Talca. El ministro Zañartu prefiere omitir detalles. Con sobriedad, adelanta que ya se nombró un juez. “Seguramente hoy está en su cargo. Se pidió una investigación y todas las denuncias serán encausadas por él”.

Mientras eso sucede aquí, los antecedentes del tribunal están en manos de la Comisión de Ética de la Suprema. Zañartu dice desconocer que la Corte esté al tanto del tema. “Nosotros ya lo estamos investigando. El titular debe haber jurado ante el presidente. Un tal Navarro”.

Se trata de Patricio Navarro Fierro, recién estrenado juez de Constitución. Desde el jueves ocupa la oficina. Allí, Graciela Pinochet cuenta que Navarro estuvo tres meses como juez interino: julio, agosto y parte de septiembre. Hasta ahora lo reemplazó Gajardo, y le toca encarar las denuncias de irregularidades.

Aquí aparece el abogado Adolfo Numi, representante de los afectados por Celco. Las irregularidades denunciadas están “relacionadas con el ejercicio de los abogados de la empresa. Son hechos que atentan contra la transparencia e imparcialidad del tribunal. Y que conducen al tema de fondo: las prácticas del empresariado en Chile”. Un tema al que se ha referido, de forma extensa y autocrítica Felipe Lamarca, ex hombre fuerte del Grupo Angelini, que denunció públicamente la complicidad entre las elites políticas y económicas en la concentración del poder.

EL JUZGADO SIN CABEZA

Constitución. Mientras eso se proclama en la capital, en “Conti” -una especie de Dodge City criolla-, el cuento es otro. La gente que conoce la zona no se inquieta, las cosas sencillamente son así en el poco fragante balneario. “Es un juzgado acéfalo. Siempre las cosas se demoran más de la cuenta. Mis clientes están pidiendo un arbitraje contra Celco, por unas bonificaciones que no cobraron en su momento. Pero hace más de tres meses que está todo parado”, comenta un abogado, a condición de anonimato.

Para Adolfo Numi, el que da la cara por los denunciantes, el tema ha sido diferente. Tanto así que, a fines de septiembre, remitió una carta a la Comisión de Ética de la Corte Suprema. En ella narra lo que, a su juicio, afecta el “funcionamiento normal del Tribunal de Constitución”. Él ha enfrentado varias irregularidades como representante de Vitelia Morán y su familia. Gente de aspecto humilde y trabajador de la comuna de Empedrado, Constitución. Son dueños de un fundo, El Macaco, que colinda con terrenos de la forestal Celco.

Lo que Numi denomina argumento digno de un “Far West” comenzó más o menos así. Corría septiembre, el mes de la primavera y de la patria. Al visitar el terreno de doña Vitelia, los asistentes-procuradores de Numi se percataron de que varios camiones y grúas estaban talando los pinos al interior de la propiedad.

Uno de ellos, David Soto, cuenta: “Llevaban la carga a instalaciones de Celco. Cuando les pregunté con qué autorización explotaban el terreno, dijeron que eran empleados de empresas contratistas de Celco, que había encargado la ‘urgente explotación’ de El Macaco”. Cuando Soto los increpó por el nombre de esas empresas, los leñadores negaron con la cabeza. Pero se trata de "Guesfor, Latin, Manantiales, Manuel Cancino, entre otras", dice Soto.

Versiones locales hablan de que los árboles talados se transportaron a dependencias de la empresa. Según los cálculos de Soto, en esos días se arrancaron 30 hectáreas. Y que, peor aún, la depredación forestal todavía continúa. Como si el mundo se fuera a acabar, o Constitución a desaparecer.

En su momento, el hallazgo motivó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Talca contra la forestal Celco, por infracción al derecho de propiedad. “La explotación de nuestros bosques es un acto ilegal. La velocidad de las operaciones de corte, carga y transporte es sorprendente. Al ritmo que van, nuestro predio desaparecerá en 26 días”, afirma Vitelia Morán.

OTROS EXTRAÑOS SUCESOS

En el bosque, los acontecimientos tenían su propio tiempo. Para la familia Morán, este culebrón empeoraba semana tras semana. Doña Vitelia dice que, al verse sin salida, vendió parte del bosque a Forestal Constitución, también maderera, pero pequeña. Pensaban que si esa pyme explotaba los pinos, obligaría a salir a la gente de Celco. Pero esta última dio un rápido golpe de mano: presentó una medida precautoria. En palabras simples, paralizar todas las faenas que se realizaban en El Macaco.

“Lo sorprendente es que la medida se interpuso en el Juzgado de Letras de Constitución, precisamente por el abogado de Celco, Jaime Gajardo”, cuenta la procuradora María José Flores.

Consultado, Gajardo confirmó que presentó la medida como abogado particular de la empresa. “No estoy impedido de ejercer mi profesión mientras soy juez subrogante. Son cosas totalmente compatibles. Claro que hago mi presentación y me inhabilito. Lógicamente, no puedo resolverla si la petición es mía”, cuenta, de buen humor, el abogado de Celco.

Medidas fueron. Y medidas vinieron. Que se toca el campo, que no. Luego de varios intentos de una y otra parte, el conflicto tuvo una salida al estilo de película de vaqueros. Hoy, los pequeños de Forestal Constitución y los grandes de Celco talan juntos dentro de El Macaco. Mantienen un truculento duelo, compitiendo por cada pino insigne y roble que encuentran. Eso, mientras Celco responde a los informes solicitados por la Corte de Talca.

El abogado Numi y los propietarios de la zona coinciden en que Celco opera, en el mejor de los casos, al filo de la ley. Prueba de ello, explica el abogado, sería la rapidez con que se resuelven los asuntos judiciales cuando la forestal Celco es la demandante, y los retrasos cuando es la afectada.

LOS PREDIOS DE LA DISCORDIA

Lejos del tribunal se levanta la pequeña casa -tono amarillo- de Vitelia Morán. Hacía un mes que no visitaba sus bosques. Con un vigor que traiciona su edad avanzada, cuentan, se armó de un palo, como bastón, y se fue la semana pasada por esos cerros hasta llegar al límite entre su fundo y Lierecillo, de Celco. Ella dice que conoce perfectamente los deslindes en esos parajes, que para un forastero parecen idénticos. Sin embargo, lo que vio la tiene consternada. Cerros completos -que asegura están dentro de su predio- habían sido talados por empresas contratistas de Celco.

Vitelia se amarra el cabello cano y pide una aspirina. Mira el piso en silencio. Recuerda a su esposo, fallecido, quien se empeñó durante años en marcar el sitio con piedras de colores. “¿Pa’ que más tarde llegue la gente de la forestal a volarlo todo?”.

Y comienza a relatar cómo se gestó su amarga relación con Celco. Al comienzo, ellos se acercaron para comprarle el terreno. Vitelia cuenta que, incluso, habló con el encargado de patrimonio de la empresa, César Salgado, en dependencias de la empresa forestal. “Había un trato de palabra, pero llegado el momento de la compra dijeron que no la harían porque el terreno era de ellos”. Este modus operandi, advierte el abogado Numi, es la forma que tiene Celco de quedarse con las tierras. “Todo depende de la cantidad de terreno y de quiénes son los titulares”.

De pronto, Vitelia se acalora. Dice que Celco lleva tres meses cortando sus bosques. Tiene rabia. Se siente pasada a llevar todos los días. “Veo mi campo y me amargo. Se me toman los nervios y me sube la presión. Ahora mismo... (silencio) Quiero que me respondan por la explotación. Si ‘él’ (refiriéndose a Celco) quiere el campo, que me pague la tierra y la explotación. ¿Para qué lo quiero pelado? A mi edad no soy capaz de trabajarlo. Celco es como una burla”.

Carmen Espinoza también posee un terreno en la zona. En algún rincón, su fundo Los Maquis colinda con tierras de Celco. Los compradores todavía no se acercan a conversar. “Pasará lo mismo que con Vitelia. Cuando yo quiera empezar faenas dirán que el predio les pertenece”, dice Carmen. Por las dudas, ella recopiló cuanta escritura halló en los rincones de su casa. Por estos días se muestra irascible. Más que alerta. “Porque pasé ayer por ahí y vi varios árboles marcados. Además, hay un portón que obstaculiza la entrada a mi fundo”.

Las propietarias cuentan que mucha gente enfrenta el mismo dilema. Aunque algunos son más osados, como el sobrino de Vitelia, Ismael Morán, que tomó la justicia por su mano y sacó a la gente de Celco a balazo limpio de su campo.

Los más sorprendente: en un informe SIISA (organismo que trabaja con información comercial, legal y financiera) el fundo El Macaco no aparece entre las propiedades de Celco. Y tampoco Los Maquis.

DEPREDANDO EL BOSQUE

Camino a los fundos de la discordia aparece el aserradero de Forestal Constitución, hoy subida por el chorro enfrentándose a Celco. Al interior de El Macaco, ambas forestales compiten -cual David versus Goliat- para ver quién bota la mayor cantidad de pinos. Discuten por cada árbol que se extrae del fundo de los Morán. Celco marca sus troncos con spray azul y Forestal Constitución los timbra con un tono grisáceo. Cada mañana, unos y otros leñadores se observan recelosos. Aunque a la hora del almuerzo, todos comparten colaciones y tienen gestos de buena crianza. Pasa que varios que laboran en Forestal Constitución son ex trabajadores de Celco. O viceversa.

Como Gonzalo Poncell, gerente y socio del David, la pequeña empresa forestal. Él trabajó en la planta de Celulosa Arauco y Constitución. Por eso dice hablar con propiedad: “Celco ha pasado por encima de mucha gente. Arrasa, desde el punto de vista legal, porque tiene a Romilio Gutiérrez y Jaime Gajardo”.

Poncell cuenta que la empresa de Angelini viene explotando fundos ajenos (o de dudosa propiedad) desde los ’80. Explica que los propietarios son gente “de campo-campo”. Y como no pueden contratar un abogado, prefieren llegar a un acuerdo. En caso contrario, “Celco puede hacer que el juicio dure cinco años, porque sus oponentes no tienen plata para mantener la pelea. Además, la posibilidad de que gane un propietario es mínima. Y cómo no, si la empresa tiene a sus abogados como jueces”.

BATALLA CAMPAL

Según el gerente de Forestal Constitución, convivir con Celco en la misma faena es muy complejo. El duelo empezó así: Los Morán les ofrecieron comprar materia prima de su bosque y les pareció un buen negocio. “Nadie se atrevía a meterse en El Macaco porque Celco es un monstruo muy poderoso. Puede ir cerrando las puertas a una forestal chica, hasta hacerla quebrar”.

Pero Forestal Constitución es más corajuda de lo que aparenta. En el terreno de la discordia empezaron laborando con una máquina. Celco se enteró y instaló cinco, y después seis. Poncell detalla que sus rivales tienen cuadrillas en todos los sectores. Si los de Forestal Constitución se ubican en una esquina, las máquinas de Celco van y los rodean. Hasta el punto de intimidación. En un mismo día, Celco tala seis veces más, desplegada por distintos puntos del campo. Como una guerrilla, distraen, se mueven, desaparecen para luego aparecer metros más allá. Y así avanzan a ritmo de seis hectáreas por día.

El ex trabajador de Celco dibuja el poder que tiene la empresa en la zona: “Su patrimonio es gigante. Compran todo lo que pillan y luego suben los precios de la madera. Si tratas de competirles, te boicotean con los fletes. Una vez le dijeron a los transportistas que si trabajaban para nosotros finiquitaban con ellos”.

Para custodiar las propiedades están los “Alfa”, unos jinetes de casacas rojas y verdes que cabalgan en motos todo-terreno por los montes, buscando bandidos. “Si observan que alguien está talando, pegan un telefonazo a “Cetra”, la central de Celco. Desde la sede, les dan la orden a los supervisores de cosechas: ‘Oye, boten árboles nomás. Bloqueen los caminos hasta que lleguemos nosotros’”, cuenta Poncell.

Finalmente, el broche de oro: “Celco trabaja al borde de la legalidad. Tienen la sartén por el mango porque manipulan lo jurídico, lo comercial y los proveedores. Controlan todo el mercado del rubro maderero”. Adelanta que a la zona está por llegar CMPC, del Grupo Matte, uno del tamaño de Celco. Por un instante, el gerente se esperanza, tal vez imaginando un duelo en la mitad de la calle. Pero no. La llegada de otro gigante sólo puede dejar fuera de juego a los más chicos, las pequeñas y medianas empresas.

¿Y qué piensa de todo esto Alberto Etchegaray, presidente de Celulosa Arauco? ¿En la canonización del Padre Hurtado, tal vez? LND

http://www.lanacion.cl

Pese a que durante el fin de semana el gobierno salió a dar un espaldarazo a Celulosa Arauco y Constitución (Arauco), la atención sobre las decisiones que la firma debe tomar en las próximas semanas volvieron ayer a centrar la preocupación de otros actores.

El presidente del Parlamento Europeo, Joseph Borrell -que está de visita en Chile y ayer se entrevistó con el presidente Ricardo Lagos-, manifestó que el caso que enfrenta la forestal en su planta de Valdivia mantiene atentos a los parlamentarios del bloque. Sin embargo, rechazó que se constituya en una traba para la integración comercial entre Chile y Europa. “No creo que sea una traba, pero es sin duda un tema al que hay que prestar atención”, sostuvo. Recordó que un grupo de parlamentarios del Viejo Continente visitará el país en octubre próximo para observar en detalle la situación.

Por otro lado, el fin de semana un centenar de dirigentes de organizaciones de pescadores y comunidades mapuches de la zona de la IX y X regiones se reunieron en Toltén para analizar la construcción del ducto que Arauco debe instalar para su planta de Valdivia. De acuerdo a la información entregada, la conclusión del encuentro estuvo centrada en impedir que la firma pueda realizar en la zona el estudio de impacto ambiental para dicha construcción.

Desde el gobierno, fue el ministro Secretario General de Gobierno, Osvaldo Puccio, quien emitió comentarios ayer. Pese al acuerdo político que se habría conseguido para apoyar la reapertura de la planta, Puccio aseguró que ante la eventual reapertura de la planta de Celulosa Valdivia, tras dos meses de paralización voluntaria, el Ejecutivo no avalará nada que pueda poner en riesgo el medioambiente. En la firma dijeron que continúan analizando los estudios para decidir si reabrirán o no la planta próximamente.

http://www.eldiario.cl/shnoti.asp?noticia=16014

Antes una hectárea costaba US$ 1.000, unos $ 600 mil actuales, pero hoy se paga un 50% más.
http://www.tercera.cl/

CONCEPCIÓN, Chile — En las colinas de esta ciudad costera un bosque de viejas araucarias mece sus ramas al viento. Los bosques nativos como éste, que antaño corrían el peligro de ser arrasados, tienen ahora muchas más probabilidades de envejecer tranquilamente. Su insólito protector no es otro que Home Depot Inc.

La principal minorista mundial de madera compra casi el 10% de las exportaciones de madera chilenas. La mayor parte proviene de plantaciones de especies no autóctonas de pino y eucalipto que las madereras chilenas plantaron en tierras baldías, incluyendo zonas en las que se habían talado o quemado grandes franjas de bosque nativo.

En los últimos años, Home Depot ha comenzado a presionar a los gobiernos y madereras de Asia y África hasta el continente americano para que detengan la tala excesiva de bosques. En Chile, Home Depot negoció recientemente un pacto para disuadir a los propietarios de tierras de convertir los bosques nativos en la clase de plantaciones de árboles de las que depende la minorista.

Home Depot forma parte del creciente acercamiento entre las empresas estadounidenses y los ecologistas internacionales. Entre 1997 y 1999 los grupos medioambientales organizaron protestas contra la compañía, acusándola de no asegurarse de que su madera no provenía de especies en peligro de extinción. Los activistas formaron piquetes frente a las tiendas Home Depot, colgaron pancartas en su sede de Atlanta y se manifestaron en las juntas de accionistas.

Home Depot temía que esto pudiera desencadenar una reacción adversa en los consumidores y un descenso de ventas. Ya había comenzado una campaña interna para mejorar las medidas medioambientales, de modo que la compañía acordó dejar de usar madera de bosques en peligro de extinción. También creó un nuevo puesto directivo: gerente de proyectos medioambientales.

La persona designada, Roland Jarvis, tiene autoridad para romper contratos de tala con cualquier proveedor cuyas prácticas amenacen a bosques en peligro de extinción o perjudiquen al medioambiente de otra manera.

Jarvis, citando la destrucción del bosque tropical en Indonesia, redujo las compras de madera de Home Depot en la región. También medió entre los ecologistas chilenos y las dos mayores madereras de Chile, Empresas CMPC SA y Celulosa Arauco y Constitución SA, para que superaran años de discrepancias y se sentaran a negociar por primera vez.

Muchos ecologistas aplauden este nuevo activismo, diciendo que representa el fruto de las denominadas "campañas de mercado" de la última década. En vez de intentar lograr cambios medioambientales con medidas del gobierno o los tribunales, presionan a empresas específicas por medio de boicots y manifestaciones. A continuación, convencen a estas compañías de presionar a sus proveedores para que cambien sus prácticas, creando un efecto dominó "verde" en la industria.

La gigante de material de oficina Office Depot Inc., tras una campaña de los activistas en su contra, canceló su contrato con un proveedor de Indonesia que, según los ambientalistas, usaba madera de los bosques más amenazados de la nación. La empresa dice, sin embargo, que la campaña no fue la causa de su decisión.

La minorista de reformas del hogar Lowe's Cos. se unió a Home Depot y otras compañías de EE.UU. para presionar a Canadá para que declare como zona protegida grandes franjas del Bosque del Gran Oso en la Columbia Británica.

"Si uno logra que Home Depot transmita su mensaje, se llega mucho más lejos que actuando simplemente como un grupo ecologista", asevera Randy Hayes, presidente del Rainforest Action Network, grupo ecologista de San Francisco.

Las campañas de mercado no funcionan siempre. Incluso sus defensores admiten que los acuerdos generalmente no son vinculantes desde el punto de vista legal. A veces, la presión de las empresas estadounidenses no es suficiente para lograr que los países cambien las prácticas de tala perjudiciales para el medioambiente.

Home Depot accedió a las reivindicaciones de los medioambientalistas y dio prioridad a la madera que se había talado respetando el entorno natural. Primero usó las pautas del Consejo de Administración Forestal, un organismo con sede en Bonn, Alemania, que certifica qué árboles se han talado adecuadamente. Pero Home Depot se dio cuenta de que no podía hacer frente a su demanda sólo con madera certificada por el consejo. Necesitaba identificar bosques en todo el mundo y persuadir a sus proveedores de que no los talaran.

Fue todo un reto.

"Si nos hubieran preguntado cuando empezamos este programa qué cantidad de nuestra madera procedía de la selva tropical brasileña, no habríamos sabido responder", recuerda Jarvis.

A fines de 2002, un ecologista llamado Aaron Sanger telefoneó a Jarvis. Sanger, coordinador de la campaña maderera chilena de la organización estadounidense Forest Ethics, advirtió que la expansión de las plantaciones estaba eliminando el bosque nativo en Chile.

Los activistas chilenos comenzaron a quejarse del declive de éste poco después del fin de la dictadura de Augusto Pinochet, en 1989. En 1974, Pinochet subvencionó las plantaciones para desarrollar una gran industria maderera. Mientras las plantaciones aumentaban hasta generar unos US$2.000 millones al año en exportaciones, los ambientalistas y los indios mapuche, que vivían en zonas afectadas, pelearon por frenar la expansión.

Sanger pidió a Home Depot que negociara con las mayores compañías madereras de Chile, CMPC y Arauco, para encontrar una solución. A fines de 2002, Sanger empezó a organizar una campaña para que los compradores estadounidenses boicotearan la madera chilena. Con el tiempo, más de una docena de compañías se unieron al boicot.

Jarvis acordó estudiar la situación. Llamó a los directivos de las empresas chilenas y les pidió que le contaran su versión de la historia. Los ejecutivos acusaron a los ecologistas de exagerar las demandas. Jarvis les preguntó entonces si alguna vez se habían sentado con sus detractores a discutir el problema. Se sorprendió al oír que no. "Así que propuse la idea de sentar a ambas partes a hablar de estos problemas", cuenta Jarvis.

No fue fácil, pero tras varias reuniones las dos partes hicieron público su acuerdo el 12 de noviembre de 2003. Aunque las madereras insistieron en que no eran responsables de la transformación forestal, accedieron a no comprar más tierras que hubieran sido deforestadas recientemente por sus dueños.

Hasta ahora, todos han cumplido el pacto. Jarvis dice que se dispone a difundir el activismo de Home Depot: "Creo que quizás este sea un modelo que podamos utilizar en otros países".

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