- 20 organizaciones señalan que personas Mapuche acusadas de atentados incendiarios a empresas forestales y que están encarcelados podrían ser inocentes.

- Exigen que se investiguen sucesos ocurridos durante 1999 al 2001 y piden el fin a los privilegios estatales en favor de las compañías.

Que, desde hace varios años existen antecedentes que podrían demostrar que personas Mapuche acusadas de ataques incendiarios en contra de plantaciones e instalaciones de empresas forestales son inocentes y que se tratarían de montajes perpetuados a lo menos, por entidades de seguridad vinculadas a las empresas forestales, hechos que requieren ser investigados a la brevedad.

Al respecto, existen personas condenadas incluso a más de 10 años de cárcel, de manera absolutamente desproporcionada y con denuncias locales e internacionales de vicios procesales, por atentados incendiarios a los que se le ha dado la categoría de "terrorismo", en tiempos, donde a la vez, las mismas empresas han sido acusadas por auto-atentados.

Sobre esto, existen numerosos antecedentes que no han sido investigados y que han quedado en la más absoluta impunidad. Algunos de ellos:

- Las denuncias realizadas por la familia del ex guardia forestal Leonardo Espinoza Fonseca, quienes, con posterioridad al suicidio de éste en Santiago, reconocieron a la prensa a principios del año 2000, que el fallecido se había involucrado en auto-atentados por órdenes de sus superiores, que incluiría el de la casa patronal del Fundo Rucañanco, una de las principales causas por las cuales se aplicó posteriormente la Ley de seguridad del estado y una fuerte represión y militarización en la zona de Collipulli. Los hechos fueron confirmados por el propio hermano, quien también había sido guardia forestal.

- Las denuncias realizadas por el obrero Pedro Cifuentes, el 26 de agosto de 1999 a la prensa y el recurso judicial que se presentó para su protección ante el temor de represalias en su contra, ha sido otro hecho que quedó en el aire. Se publicaba en el diario local de Temuco lo siguiente: "La forestal me presionó, me dio dinero para culpar a los hermanos Ancalaf de las quemas y destrozos en la empresa"…. "Me amenazaron con que me iban a encarcelar y las pruebas que tenían era un montaje de fotos. Es decir, me inculparían. Me entregaron la suma de 500 mil pesos y más 10 mil pesos semanales"… "… Me amenazó que tenía que trabajar para ellos y meterme dentro de las comunidades, darle información de todo lo que pasaba dentro de la comunidad. Ellos, en muchas otras partes, han pagado a gente para que se infiltre en las comunidades mapuches". Cifuentes involucraba a funcionarios de la empresa Forestal Mininco.

- Los relatos de guardias forestales de auto atentados a la prensa radial de Temuco durante el año 2000 y que fuese replicado como denuncia por algunos parlamentarios; más los antecedentes judiciales que existen en la VIII Región del año 2001, con informes periciales, a una empresa de vigilancia predial de diferentes empresas forestales tales como Mininco, Arauco, Celco, Bio Bio, entre otros, son antecedentes suficientes que nos hacen suponer y cuestionar los procesos y acciones ejecutadas por autoridades y agentes del estado en perjuicio de personas Mapuche, en el marco de la "operación paciencia" impulsada por el ex subsecretario del interior Jorge Correa Sutil, durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar.

En relación a esto, consideramos que es absolutamente irracional y fuera de toda lógica pensar que personas Mapuche vinculadas a comunidades rurales en sus justas reivindicaciones territoriales se hayan expuesto a acusaciones de atentados incendiarios en contra de plantaciones o maquinarias, cuando estas no significaban un mayor perjuicio a las compañías por cuanto mantienen una amplia cobertura de seguros y lo único que se aseguraba era la militarización, persecución y represión de amplias zonas rurales. Para más, solo justificaron el violento accionar en contra de la protesta social Mapuche que cuestiona a estas compañías y su modelo forestal. Por otro lado, esto sólo permitió que las grandes compañías aseguraran sus nutridas ganancias en exportaciones, las que nunca han mermado.

Entendemos que, la protesta social Mapuche en contra de las empresas forestales, su industria y su expansión, en el marco de conflictos territoriales, se ha convertido para estos grupos económicos, con la operatividad del estado chileno, en el blanco de la represión, criminalización y judicialización, cuyas reivindicaciones han sido perseguidas bajo las absurdas acusaciones de ser consideradas un amenaza a la estabilidad política y social del País.

Decenas de personas Mapuche han sido o están siendo perseguidos judicialmente por tribunales civiles y Fiscalías Militares por su participación en movilizaciones en zonas urbanas y rurales. A esa cifra, se suman órdenes de detención y presos entre las VIII y X regiones. Más de diez ministros especiales y cinco Fiscalías Militares se han encargado de investigar "hechos de violencia" -desde fines de 1997- en el marco de los conflictos territoriales. Decenas de dirigentes y comuneros Mapuche se encuentran sometidos a proceso, en varios casos juzgados por la ley 12.927 de Seguridad Interior del Estado y la ley 18.314 o Antiterrorista, creadas desde la dictadura militar y que fueron aplicadas de manera activa y vigente en el gobierno de Ricardo Lagos, como forma de control social a las protestas sociales Mapuche. A esta aplicación, se agrega que numerosas personas mapuche han debido enfrentar estos últimos años el nuevo Sistema Procesal Penal, que entró en vigencia desde el año 2000 en la IX Región y hoy en todo el País.

Las consecuencias de esta política económica que ampara y expande el actual modelo forestal, agudiza aún más el arrinconamiento de las comunidades Mapuche en los retazos menos aptos para la agricultura y, en definitiva, se rompe con los mínimos necesarios para la subsistencia y en el entendido de una cultura basada en las relaciones sociales producidas por la economía de sobrevivencia y solidaria, viene a destruir también la sociedad que vive bajo estos parámetros. Asimismo, la actual presión que hacen organismos públicos y privados para introducir especies exóticas a pequeñas propiedades de campesinos y comunidades Mapuche, lo único que pretende es anexar estos patrimonios al poderío de estas grandes compañías.

Exigimos al Estado a través del gobierno que encabeza Michelle Bachelet:

- El cese a la represión y persecución de personas en el marco de la protesta social en contra de las empresas forestales como CMPC (Mininco) y Forestal Arauco – Celco, tal como ha ocurrido en zonas rurales de la IX Región o en el marco de la defensa del mar en la zona de Mehuín, donde recientemente la Marina de guerra disparó en contra de pescadores quienes impiden los estudios para la instalación de un ducto (Arauco-Celco) que contaminaría gravemente el litoral, como ya ocurrió en el río cruces.

- La urgente designación de un Ministro en Visita, para investigar a fondo, con resultados concretos, sobre la base de las acusaciones de auto-atentados que involucran a empresas forestales. Casos ocurridos entre los años 1999 y 2001 deben ser urgentemente revisados, sin importar a quien o quienes involucre, por mucho poder político o económico que estos tengan.

- La revisión y nulidad de todas las causas judiciales que involucra acusaciones contra personas Mapuche en supuestos atentados incendiarios a plantaciones industriales de monocultivos de exóticos e instalaciones. Cabe consignar, que varios se encuentran condenados hasta más de 10 años de cárcel (caso fundo poluco pidenco, forestal Mininco) por estos supuestos atentados ocurridos en el marco de tiempo donde también existen acusaciones de auto atentados de empresas forestales.

- El fin a los subsidios, privilegios y proteccionismos que el Estado ha venido sosteniendo en favor de estas cuestionadas grandes compañías forestales a costa de las arcas del fisco, tales como el involucramiento con recursos de órganos públicos en campañas como Bosques para Chile; la creación artificial de una certificadora "sustentable" – Certfort – Chile, todas estas destinadas a lavar la imagen de estas empresas. El término a la dotación especial policial y de armada de guerra para el cuidado de estas entidades privadas. La supresión de órganos públicos destinados exclusivamente a la investigación en favor de los intereses de estas grandes compañías, que involucra, incluso, estudios sobre transgénicos en plantaciones industriales.

Exigimos esto, para que se repare y se restablezca los derechos vulnerados a personas y comunidades mapuche, de pescadores y de campesinos, que hoy son víctimas del modelo y la expansión de grandes compañías como Arauco y Mininco (CMPC).

Firman,

- Corporación de mujeres Mapuche Aukinko Zomo

- Meli Wixan Mapu (Región Metropolitana)

- Centro de Comunicación Mapuche JVFKEN MAPU. (RM)

- Equipo CITEM

- Asociación ambientalista Koyam Newen (Temuco)

- Asociación Ñankuchew (territorio nagche)

- Federación Williche de Chiloé

- Asociación Newen Pu Lafkenche (Carahue)

- Fundación Folil – Holanda

- Gvbam Logko Pikunwijimapu -Consejo de Lonko- (territorio williche del norte)

- Corporación Mapuche Xeg Xeg (IX Región)

- Observatorio latinoamericano de conflictos ambientales (OLCA)

- Agrupación Mapuche Konapewman (Temuco)

- Coordinación de comunidades en conflictos socio ambientales, IX Región.

- Casa de arte Mapuche, Temuco.

- Codepu – Valdivia

- Wajontu Coj Coj Mapu (Chol Chol)

- Mapuche Documentation Center, Ñuke Mapu (Suecia)

- Consejería Indígena Urbana (Santiago)

- Agenda Regional de La Araucanía, AGRA