La lucha de los pueblos indígenas por sus derechos es ya larga. Sus demandas han cobrado repercusión conforme a los períodos que han atravesado. Y ahora logran resonancia en una tribuna como el Parlamento europeo. Signo inequívoco del curso justo de la lucha de los pueblos por sus derechos esenciales.
Esbozaremos aquí algunos de los problemas que han confrontado y confrontan en el seno de las sociedades latinoamericanas en el último tercio del siglo XX y en el primer tramo del actual.
« Nunca más un México sin nosotros” afirmaron los zapatistas en los años noventa. Podríamos hacer extensiva esta afirmación diciendo: nunca más una América latina sin los pueblos indígenas.
¿Se les puede ignorar como sujeto político, como protagonistas de su destino, cuando sus movilizaciones han marcado el escenario político-social latinoamericano? La respuesta aparece observando las situaciones conflictivas frente a importantes intereses económicos. Mencionaremos algunos casos.
Digamos antes que los indígenas no han estado nunca ausentes. Lo atestiguan sus movilizaciones y sus organizaciones a lo largo del siglo XX y especialmente en el último tercio de ese siglo. Sus luchas no cesaron y sus reivindicaciones se concentraron en torno a la defensa y recuperación de tierras, el reconocimiento de la especificidad étnica y cultural, la igualdad de derechos frente al Estado, el término de la represión y la violencia, el respeto a las expresiones culturales. En los años 70 se planteaba igualmente una autonomía formulada como “autogestión”, “autogobierno”, “autodeterminación”, junto al pluralismo cultural, demandas que para algunos era y es una amenaza para la unidad nacional o para la homogeneidad de la nación.
Por otra parte, los documentos de las organizaciones de entonces evidencian una clara conciencia de:
1. La vivencia de una realidad común y la necesidad de un esfuerzo colectivo en la perspectiva del porvenir. En este sentido actuó el Parlamento Indio de América del Sur en 1974; el Primer Congreso de movimientos indios de Sudamérica en 1980; los encuentros organizados por el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas. Y hoy, por ejemplo, la Coordinación Andina de Organizaciones Indígenas que cuenta con la representación de organizaciones de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú. Es una coordinación necesaria para alcanzar los objetivos trazados.
2. La inserción en un sistema económico que los explota. En la Plataforma política del Consejo Regional Indígena del Cauca se leía en 1978: “Participamos al lado de los demás explotados y oprimidos en la lucha por una nueva sociedad”.
* Ponencia en “Conferencia sobre los mapuche en Chile y los indígenas en A. Latina”, Parlamento Europeo. 24.3.2011.
3. Una especificidad de los pueblos indios manifestada en la historia, en el idioma, en la cultura.
4. La violencia histórica que han debido afrontar: la desestructuración de las sociedades precolombinas, la ocupación de sus territorios, la imposición de un sistema económico colonial. Las usurpaciones de tierra en el siglo XIX y XX, tierras por las cuales luchan hasta hoy. Recordemos que la tierra no es sólo un medio de producción y de sobrevivencia, comporta igualmente una dimensión específica: es la Pachamama, el Nuke mapu, es decir, la Madre Tierra.
Será en los años noventa que los indígenas protagonizarán una de las mayores movilizaciones que conocerá el escenario político social latinoamericano: en 1990 se realizan marchas indígenas en Bolivia organizadas por la Confederación de Pueblos Indígenas, en ese mismo año se producen levantamientos en Ecuador, en 1994 ocurre el levantamiento zapatista en Chiapas y en el 2005 Evo Morales es elegido Presidente de Bolivia.
Ese impactante protagonismo político dejó perplejo a muchos de quienes creían que la realidad indígena había sido ya suficientemente estudiada y conocida y a aquéllos que los veían ya asimilados o integrados en las sociedades nacionales. Esta presencia se produjo en un cuadro de trastornos políticos de trascendencia: el fin de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín (1989), el desplome de la Unión Soviética (1990). Se impuso, por otro lado, un modelo neoliberal que erigió el mercado en referente absoluto. Este modelo impactó negativamente en las poblaciones indígenas. La defensa de las tierras ancestrales y la necesidad de reconocimiento de los territorios se agudizó ante el avance de una economía globalizada y regida por empresas transnacionales que explotan riquezas fundamentales: mineras, agrícolas, hídricas. Muchas de ellas se encuentran en territorio indígena. Esto explica los conflictos con las multinacionales que van marcar el termino del siglo XX y los comienzos del siglo actual.
Veamos algunos casos:
En la Amazonia se denuncia la destrucción del territorio indígena y campesino tanto en Bolivia como en Brasil, el desplazamiento de miles de personas a raíz del Complejo hidroeléctrico del río Madera, el más importante proyectado en plena Amazonia con dos represas en territorio brasileño y uno en aguas binacionales: Bolivia-Brasil.
En Colombia, una organización de mujeres denuncia a las transnacionales que explotan el carbón a cielo abierto en territorio Wayuu (La Guajira).
En Perú se denuncia a las Empresas Perenco y Repsol por vulnerar los derechos de los indígenas en Amazonía.
En Ecuador la empresa ECSA está en conflicto con los Shuar (Amazonía) por un proyecto minero que afecta el medio ambiente y amenaza acabar con los recursos naturales.
En Guatemala, multinacionales como Gas Natural-Fenosa está en conflicto con comunidades del sur del país. La empresa local subsidiaria efectúa cobros excesivos que las comunidades rechazan. Por sus denuncias reciben amenazas de muerte, llegándose al asesinato de un dirigente (2009). Más de 180 organizaciones guatemaltecas e internacionales se dirigieron al Presidente del Gobierno español y al de Guatemala pidiendo el término de los crímenes y la represión contra quienes defendían sus derechos.
En la Patagonia argentina, la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque está en conflicto con la Compañía de Tierras Sud Argentino S.A. del Grupo Benetton. Recientemente, el 17 de marzo, una decisión de Tribunal ordenó el desalojo, en un plazo de diez días, del predio que ocupa la comunidad desde el 2007. Esta reclama 500 hectáreas a un grupo que posee un millón de hectáreas.
En Chile, la industria salmonera que alcanzó un importante desarrollo en los años 80, afecta a comunidades williches en Chiloé. Estas sufren los problemas territoriales, económicos y medioambientales. A su vez empresas fabricantes de alimentos para salmones han dañado la biodiversidad marina y el medio ambiente.
En el sur chileno, Novena y Octava regiones, las Empresas forestales han generado situaciones conflictivas con los mapuche, así como Endesa que construyó la represa hidroeléctrica Ralco sumergiendo tierras ancestrales y desplazando población.
En suma, se plantea un antagonismo fundamental con las empresas transnacionales y sus megaproyectos que no reconocen en las organizaciones indígenas a verdaderos interlocutores.
Ayer, las multinacionales podían verse confrontadas a los Estados, como ocurrió con el gobierno de Salvador Allende en Chile. No eran los tiempos del Estado neoliberal. Hoy tales empresas se confrontan a los pueblos y en particular a los pueblos indígenas.
¿Se oponen los pueblos indios al desarrollo? ¿Impugnan la creación de puestos de trabajo? Evidentemente no. Se trata de un rechazo a un desarrollo desigual, desequilibrado, que ha agudizado la pobreza en la población indígena frente a la prosperidad de las transnacionales. Lo que no se debería perder de vista es que la denuncia de tales empresas surge de las vivencias de los pueblos indígenas en sus propios territorios. Lo que se rechaza es la ocupación abusiva de tierras, el desplazamiento de población, los daños al equilibrio medioambiental, las alzas excesivas de tarifas, como el agua por ejemplo, las amenazas y atropellos a las organizaciones y sus dirigentes.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) entregó líneas directrices para Empresas Multinacionales: “El objetivo de los gobiernos que han suscrito las Directrices consiste en fomentar las contribuciones positivas al progreso económico, medioambiental y social que pueden tener empresas multinacionales, y reducir al mínimo las dificultades que puedan surgir de sus diversas actividades”. Estas recomendaciones fueron renovadas en reunión de París del 25.1.11. Es decir, las multinacionales deberían ser más cautelosas y el Estado más prudente.
Los pueblos, históricamente representados como inferiores, son actores plenos que buscan construir su futuro en un marco de libertad y de justicia que hoy se les niega.
La justicia en Chile
Podemos preguntarnos acerca del papel de la justicia con respecto a los mapuche. Esta, lamentablemente, ha sido históricamente discriminatoria. Los poetas Gabriela Mistral y Pablo de Rocka, por ejemplo, ya lo habían constatado y señalado en la primera mitad del siglo XX. Incluso antes, con ocasión del Centenario (1910), Alejandro Venegas en una de sus cartas dirigidas al Presidente de la República Ramón Barros Luco se refiere a los mapuche señalando los abusos cometidos: expulsión de sus tierras, destrucción de sementeras, robo de ganado, con la complicidad de “un ministril acompañado de la fuerza pública”. ¿Historia de ayer? No, también historia de hoy.
Ahora, cuando se acaba de celebrar el Bicentenario, el Tribunal de Cañete, provincia de Arauco, aplicó la Ley Antiterrorista a cuatro dirigentes mapuche (22 de marzo): Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical, José Huenuche, condenándolos a 25 y 20 años de cárcel respectivamente bajo acusación de “incendio terrorista”, “asociación ilícita terrorista”, “robo con intimidación”, “atentado contra la autoridad”. Esta implacable condena contrasta escandalosamente con la impunidad en que quedaron los asesinatos de tres jóvenes mapuche (2002, 2008, 2009) sin que siquiera se insinuara la encarcelación de los responsables.
¿Nadie está “por encima de la ley” como declaró un personero de gobierno en el 2009 mientras se condenaba a dirigentes mapuche? ¿Quién podría suscribir semejante juicio?
¿En cuántos países democráticos ocurre algo semejante por defender derechos? Esta realidad la constatan la opinión pública nacional e internacional, los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. Infortunadamente, las injusticias de la justicia se inscriben en la historia que han conocido los mapuche.
Se ha llegado al extremo de considerar que las reivindicaciones de tierras ancestrales y las consecuencias que ello conlleva cuando no se atienden las demandas, constituyen delito. Y se castiga el delito con represión y encarcelación. Aparece esto como un procedimiento normal. ¿Por qué se ha llegado a ello? Porque las movilizaciones mapuche son consideradas atentatorias a la propiedad privada y pública. ¿Pero cómo se ha constituido históricamente la propiedad privada en las regiones mapuche? Los responsables políticos no se formulan la pregunta y los datos sobre la materia están lejos de ser esclarecedores.
Se criminaliza el movimiento mapuche y por consecuencia sus demandas. Se les aplica la Ley Antiterrorista dictada bajo un régimen dictatorial. Un artículo de esa ley se refiere a la utilización de bombas o artificios explosivos o incendiarios para “producir en la población o parte de ella el temor justificado de ser víctima”. La prensa detentada por grupos económicos se encargará de difundir noticias destinadas a alarmar a la población. En el primer semestre del 2002, por ejemplo, los canales de televisión van a cubrir el llamado “conflicto mapuche”. Se informa sobre “actos de violencia” cometidas por comunidades mapuche, sobre “protestas violentas”, sobre “actos vandálicos” sufridos por empresarios y agricultores.
¿Y qué sector de la población fue presa de temor? En todo caso no fue Endesa, tampoco las forestales. El vicepresidente de la Corporación Chilena de la Madera declaró en el 2002 que “a pesar de la preocupación por el rompimiento del “estado de derecho” en la Octava y Novena Regiones se mantendrá para el decenio las inversiones de 3600 millones de dólares”. Se estimaba que las inversiones permitirían un dinamismo que se traduciría en un aumento de 30 % de las exportaciones a fines de la primera década de este siglo.
Es decir, el supuesto “terrorismo” mapuche no perturbó ni las inversiones, ni el mercado, ni los beneficios de las empresas forestales. La acusación de “terrorista” constituye una falacia absoluta.
Frente al éxito económico de las empresas forestales implantadas en la Octava y Novena Regiones, datos del CASEN en el 2003, indican que el 29 % de la población de esas regiones se encontraban en situación de pobreza. Por supuesto, esta forma de violencia no suscitó interés en los medios de comunicación que prontamente se preocuparon por el “terrorismo” mapuche.
Que los mapuche protesten, se movilicen, reivindiquen sus derechos, ¿puede realmente asombrar? ¿No se debería admitir que las movilizaciones y reivindicaciones constituyen una respuesta a los flagrantes abusos y discriminaciones cometidos por años? Si se necesitaran ejemplos deberíamos recordar que tierras recuperadas bajo el gobierno de Salvador Allende fueron devueltas a quienes las detentaban precedentemente; que el decreto ley 701 de 1974 exoneró de tributos a las empresas para desarrollar la forestación con eucaliptos y pino; que un alto tribunal de justicia decidió entregar una millonaria indemnización a la Sociedad Galletué por araucarias que se levantan en tierra ancestrales mapuche (1990).
Pese al alarmismo de los medios de comunicación ya conocidos, la lucha mapuche no espantó a sectores de la sociedad civil: artistas, intelectuales, historiadores, estudiantes, periodistas y diferentes personalidades que solidarizaron con la causa mapuche ante la represión que no cesaba. Los gobernantes hacían oídos sordos. Tampoco se atendió el llamado a privilegiar soluciones justas y pacíficas de organismos de derechos humanos, del Relator de la comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas, de parlamentarios europeos. Y a los dirigentes mapuche encarcelados en el sur chileno no les quedó otro recurso que la huelga de hambre mantenida por más de dos meses el año recién pasado.
El despliegue policial y judicial como respuesta a las demandas mapuche representa una arremetida de violencia sin parangón en Chile. Es la negación de la política como diálogo para persistir en una violencia ya histórica como lo subrayaron más de 60 historiadores que firmaron una declaración en el 2008 y el 2009 rechazando la represión en contra de un pueblo que lucha por recuperar tierras usurpadas. Esta constatación patentiza además el papel de la justicia.
Concluiremos subrayando lo que aparece como todavía inconcluso con respecto a los pueblos indígenas y los mapuche en particular:
1. Una concepción de territorio como derecho inalienable, concepción que se contradice con la práctica de las transnacionales.
2. Una demanda de autonomía que permita ejercer realmente el derecho a ser protagonistas de su destino.
3. El respeto de instrumentos internacionales relativos a los pueblos indígenas como la Convención 169 de la OIT, la Declaración de los Derechos Indígenas de las Naciones Unidas.
4. El respeto efectivo al pluralismo cultural.
Apuntemos igualmente lo que está aún pendiente: a) El reconocimiento del protagonismo político de los pueblos indígenas. b) La necesidad, al pensar los pueblos indios, de repensar los conceptos de derecho atendiendo a la especificidad de estos pueblos en el cuadro de la realidad y el contexto de Latinoamérica. c) La existencia de un Estado que salvaguarde el derecho de todos y no los imperativos de las grandes empresas como sucede actualmente. Esto lleva a un cuestionamiento de lo que M. Castell ha calificado como “Estado ex-nacional y agente racionalizador de la globalización”.
Que desde una tribuna del Parlamento Europeo podamos referirnos a la lucha de los pueblos indios por sus derechos, denota el apego a la justicia y a la democracia de quienes han organizado este evento y como también de todos aquéllos que se han dado cita en tan relevante espacio. |
