Presos Mapuche en Chile. |
|
| arch. | arch.2 | translate to English | | |
Documentos: Tribunal del juicio oral en lo penal. Sitio en internet de presos Mapuche: http://www.presospoliticosmapuche.org/ |
|
Se han dado a conocer las sentencias en primera instancia en el caso Spiniak, en las que la justicia chilena ha impuesto penas de cinco años y un día para los principales reos. El tiempo de estas penas (de las que incluso los afectados pretenden apelar) es, para algunos, muy corto en proporción a los delitos a que se refieren, que quedaron debidamente probados en el proceso. Nosotros, como indígenas, comparamos estas penas a las largas e injustas condenas a que han sido sometidos nuestros hermanos mapuche, sin quedar debidamente probada la comisión de los delitos que se les imputan, en un proceso que ha contado con testigos sin rostro y financiados con dinero estatal. Ni siquiera si en el caso negado de que se probara la comisión de estos delitos, las penas de diez y más años que se les imponen, guardan proporción alguna con la materia de que se les acusa. Queda probada la desigualdad con que la justicia del Estado chileno ha actuado cuando los reos son mapuche y cuando los delincuentes son chilenos, varios de ellos de condición social acomodada y con acceso a redes de apoyo en el Poder. Nuestros hermanos prisioneros de conciencia no han tenido acceso a las influencias con que en Chile acciona el aparato judicial. Los usurpadores de tierras mapuche de la calidad de Juan Agustín Figueroa, René Urban y otros sí han tenido el suficiente poder político, social y económico que les abre el acceso a la influenciable justicia chilena, para victimizar a quienes como Pueblo Mapuche se han opuesto históricamente a sus delitos y han clamado por una verdadera justicia. Han contado con la complicidad del poder Ejecutivo, que para congraciarse con la derecha, el empresariado y el capital transnacional, han puesto toda su fuerza en la criminalización de las demandas de tierras, inventando la figura de delitos que no existen y presentando todo tipo de recursos para llevar la represión contra los mapuche hasta las últimas consecuencias, lo que ha incluido la presentación de recursos por medio de funcionarios como el gobernador de Malleco, Rubén Quilapi. Las débiles condenas a Spiniak y otros proxenetas y su comparación a la criminalización contra los prisioneros mapuche nos muestran cómo funciona realmente la justicia chilena. Los Indígenas Urbanos hacemos un llamado a la sociedad civil chilena, a las Iglesias, a las centrales sindicales, a los partidos políticos, a las organizaciones populares y a las autoridades ancestrales y funcionales de los diferentes pueblos originarios, a pronunciarse en favor de la pronta libertad de todos los prisioneros políticos mapuche. Santiago (Mapocho waria mew, Wallmapuche), 14 de agosto de 2006. JOSÉ LLANCAPAN CALFUCURA CONSEJERO INDÍGENA URBANO josellancapan@hotmail.com |
|
La Comisión de Constitución del Senado aprobó
un proyecto de ley que facilitaría la libertad condicional de
mapuches condenados en Chile bajo una controvertida ley antiterrorista.La
normativa, introducida por el senador socialista Alejandro Navarro,
tiene sin embargo pocas posibilidades de ser aprobada en el pleno, donde
encuentra fuerte oposición de sectores oficialistas y de la derecha
opositora que le objetan visos de inconstitucionalidad. jl/apr ============================== MARICHIWEU |
|
Angélica Meneses lanacion.cl Un principio de acuerdo para dar solución al conflicto mapuche -tanto en lo que concierne a los condenados por ley antiterrorista, como para evitar nuevos episodios de violencia y mejorar la calidad de vida de las comunidades- logró hoy el gobierno y los senadores de la comisión de Constitución. La instancia, que debate el proyecto de autoría de los senadores Alejandro Navarro (PS), Juan Pablo Letelier (PS) y Guido Girardi (PPD), optó por buscar viabilidad a un proyecto alternativo, debido a los visos de inconstitucionalidad que presenta la iniciativa presentada. Para ello se reunirá la comisión con los ministros de Justicia, Interior y Mideplan, el próximo martes, con la expectativa de aunar criterios para lograr cambios a la ley antiterrorista que beneficien a los comuneros condenados en la actualidad, además de medidas de seguridad para los dueños de los predios de la Araucanía. El ministro del Interior, Andrés Zaldívar, destacó que “vamos por buen camino, hay buen ánimo y buen espíritu para encontrar una solución que sea un camino que no tenga problemas de constitucionalidad". Apuntó que se buscará “una solución global de algo que no sea sólo una ley que beneficie únicamente a determinadas personas sino que se aplique en general, y que se refiere a que la ley antiterrorista califique como delitos terroristas a aquellos que afecten a las personas, la salud, la libertad o la vida, y que el resto sean delitos comunes y no tengan esa calificación". Para esto hay disposición tanto en la Concertación como los senadores de la derecha. Alberto Espina (RN) dijo que si bien “los procesos judiciales los resuelven los tribunales y ahí hay una sentencia ejecutoriada que se aplicó por una ley dictada en democracia, evidentemente estamos buscando una solución global que puede pasar también por modificaciones a la ley antiterrorista que desde el punto de vista legal después de 15 ó 20 años puede perfeccionarse”. A su vez, Alejandro Navarro sostuvo que “si la fórmula es otra va a ser evaluada por los propios comuneros mapuches y quienes elaboramos el proyecto, lo importante es mantener el principio de lograr la libertad para quienes fueron encarcelados injustamente y apuntar a que estos hechos no se vuelvan a repetir”. Destacó que hasta ahora el proyecto que ha encabezado ha tenido el mérito de “abrir el debate sobre los temas pendientes entre el Estado y los pueblos originarios y ha abierto debate sobre las penas de la ley antiterrorista y su aplicación”, subrayando que el texto “sigue vigente, será discutido el martes o va a haber una indicación sustitutiva o un nuevo proyecto o indicaciones al actual proyecto, la fórmula está abierta”. Mientras Hernán Larraín (UDI) planteó que la iniciativa en debate no es la adecuada y debe reemplazarse por otra, pues “aproximadamente 13 mil presos tendrían derecho a solicitar la libertad si se aprobara, lo que generaría un problema de seguridad ciudadana, en tanto si sólo se arregla la situación de un grupo de comuneros queda pendiente la situación de muchos otros en proceso que mañana podrían ser condenados por situaciones similares”. Para José Antonio Gómez (PRSD), presidente de la instancia, lo importante es que “vamos a reunirnos extraordinariamente el próximo martes, de una propuesta global de solución a los problemas que hoy se viven en la IX Región, vamos a aprobar probablemente un proyecto que solucione las dificultades que hoy viven los mapuches que están encarcelados y buscar soluciones a las situaciones de violencia que se viven en la región”. http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20060621/pags/20060621154203.html |
|
Senador Navarro informó que, por segunda vez, los reclusos que
cumplen presidio por Ley Antiterrorista levantaron la medida de fuerza
y se conformó un grupo de cuatro lonkos que monitoreará
el trámite legislativo. |
|
Falta a acuerdos por los garantes motiva reinicio de la huelga de hambre
desde las 00:00 horas del 19/05/06, la tarde de este viernes, se decidió
que los cuatro huelguistas de hambre condenados por ley antiterrorista,
decidieron retomar la huelga de hambre por falta de los acuerdos por
parte de los garantes en el sentido de la lentitud en la tramitación
de la ley que debía hacerse con suma urgencia y por el punto
de la ley que obliga a abandonar acciones de violencia. 1º Tramitación del proyecto con carácter de suma
urgencia 4º Votación del parlamento Senado 5º Votación
del parlamento cámara de Diputado 1. Postulación con 1 año de cárcel. |
|
Fuente: corajeydignidad@gmail.com. El 13 de Marzo del 2006, los presos políticos Mapuche (PPM) han iniciado una HUELGA DE HAMBRE indefinida dentro de la cárcel de Angol localizada en el sur de Chile. Sus reivindicaciones centrales son la libertad inmediata de todos los PPM y la revisión de la causa de “Incendio Terrorista Poluco Podenco”. Con motivo de esta huelga, se ha creado en Ginebra, Suiza, un comité de apoyo para seguir de cerca la situación de los presos. Se invita a todas las organizaciones europeas y latinoamericanas que así lo deseen a unirse a la presente declaración firmándola y haciéndola circular. Históricamente el pueblo mapuche ha sido discriminado y desconocido dentro del Estado chileno. No se respetan sus tradiciones, su organización social, su cultura, ni su idioma. Se suma a esta situación el despojo sistemático de sus tierras y la expansión forestal de varias décadas promovidas por latifundistas y empresas forestales nacionales y extranjeras, que han transformado y degradado el ambiente natural de los territorios mapuche. Esta situación ha obligado a importantes sectores a vivir en enclaves empobrecidos y discriminados, cuyos niveles de vida están muy por debajo del promedio de los chilenos. Ante esta desfavorable realidad, en los años 90 emergió un activo movimiento mapuche que revindica la recuperación de sus tierras, la preservación de su cultura y organización social, así como lograr mejores niveles de vida y autonomía para su pueblo. Importantes acciones destinadas a la recuperación de sus territorios ancestrales, hoy ocupados por las forestales, y a la promoción de un proceso de toma de conciencia del pueblo mapuche sobre el grado de abandono y miseria en el que subsiste, han sido llevadas a cabo. Estas acciones han conllevado a una represión sistemática que se ha incrementado durante el último gobierno. La búsqueda de activistas mapuche ha sido acompañada de constantes allanamientos, en los cuales la policía ha recurrido a su acostumbrado abuso del poder y ha acentuado su ya reconocido carácter racista y uso indiscriminado de violencia que se manifiesta en la destrucción de viviendas, bienes materiales, “robo” de utensilios y herramientas de trabajo, entre otros. Se ha golpeado, agredido e insultado a hombres, mujeres, niños, niñas y ancianos, e incluso, a personas con discapacidades físicas. Se han utilizado balines, perdigones, bombas lacrimógenas, armas de guerra, carros blindados, helicópteros y centenares de efectivos policiales para allanar comunidades de escasos habitantes. En los territorios en conflicto existe una excesiva presencia policial, se utiliza personal de las fuerzas de seguridad y vehículos encubiertos, se controla sistemáticamente a la población y se acosa constantemente a los pobladores y visitantes de las zonas rurales . La lucha del Estado contra el movimiento mapuche se ha ido intensificando con el paso de los años. El ex Presidente Frei inició enjuiciamiento contra comuneros mapuche aplicando la Ley de Seguridad del Estado (una ley de 1958 destinada a combatir la “subversión, la rebelión y la violencia política”). Por otra la represión fue aún mayor para el pueblo mapuche al introducir y aplicar la Ley Antiterrorista para juzgar a comuneros mapuche bajo la cuál han sido condenados los actuales PPM en huelga de hambre. Cabe destacar que La Ley Antiterrorista es herencia de la dictadura militar del general Pinochet. Paradójicamente, esta ley dictatorial fue modificada durante el primer gobierno de la democracia para recrudecer y fortalecer su aplicación, al incorporar delitos comunes que ya estaban contemplados en el Código Penal como “incendio o amenaza terrorista”. Es la ley más dura en el Estado chileno. Los mapuche son acusados y sindicados de terroristas bajo ella con testimonios efectuados por testigos sin rostro (poco fiables) y sin considerar el apoyo de organismos internacionales, que se han manifestado abiertamente contra la aplicación de leyes arbitrarias (Human Rights Watch, Federación Internacional de Derechos Humanos, Amnesty International). Por otra parte, el Tribunal Supremo de Justicia en Chile ha intervenido en ya más de una oportunidad para anular dictámenes que han absuelto a mapuches procesados por la ley antiterrorista, haciendo que ser realicen nuevamente dichos juicios, a fin de condenarlos. Por estas razones y por la falta de garantías de un juicio justo hacia acusados y perseguidos Mapuche, varios han decidido no presentarse a los juicios en su contra y han optado por la vía de la clandestinidad y son hoy perseguidos por la justicia chilena. Las declaraciones de los PPM en huelga de hambre: Jaime Marileo Saravia, Patricia Troncoso Robles, Juan Marileo Saravia, Juan Huenulao Lienmil, Juan Colihuinca Ancaluan y Jose Cariqueo Saravia han llegado a nosotros y queremos decir lo siguiente al respecto: Manifestamos nuestro más absoluto apoyo a sus reivindicaciones. No a la persecución delincuencial de la movilización mapuche. Denunciamos la política sistemática y represiva desarrollada por el Estado de Chile descrita anteriormente y exigimos que se respete el Informe del Relator Especial, Sr. Rodolfo Stavenhagen sobre Cuestiones Indígenas en Chile (E/CN.4/2004/80/Add.3) presentado en noviembre de 2003 quien declara que -bajo ninguna circunstancia deberán se criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas- y - No deberán aplicarse acusaciones de delitos tomados de otros contextos (“amenaza terrorista”, “asociación delictuosa”) a hechos relacionados con la lucha social por la tierra y los legítimos reclamos indígenas-. Exigimos la revisión de todos los casos de los PPM por parte de un tribunal independiente e imparcial, en especial el caso de Poluco- Pidenco por el cual fueron condenados por la ley Antiterrorista a 10 años y 1 día, acusados de una quema de cien hectáreas de Forestal Mininco S.A. y a un paso indemnizatorio de 400.000.000 pesos aprox. (un millón de francos suizos). Ello permitirá acoger e investigar también a los testigos protegidos quienes los acusaron de los cuáles dieron fe con querellas, pero no fueron acogidas por el mismo tribunal. Denunciamos la aberración que significa que actualmente se desarrolle un juicio a puertas cerradas en su contra. El Estado en su desesperación por detener un movimiento mapuche, y encarcelar inocentes realiza un juicio sin la presencia de los imputados, imponiendo abogados defensores que no cuentan con la confianza de los imputados. Ya no le bastan los testigos sin rostro? Saludamos a los mapuche que se encuentran clandestinos entendiendo las razones por las que han decidido no presentarse ante la justicia. DECLARAMOS EL DIA JUEVES 6 DE AVRIL 2006 JORNADA INTERNACIONAL DE APOYO A LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHE Y ASI INVITAMOS A LAS ORGANIZACIONES QUE LOS APOYAN Y QUE ESTAN EN TODAS LAS PARTES DEL PLANETA PARA REALIZAR ACCIONES EN LAS EMBAJADAS CHILENAS Y ASI PEDIR EXPLICACIONES. PEDIMOS A QUE SE ENVIEN MUCHOS FAX Y A QUE SE LLAME SEGUIDO DURANTE
EL MISMO DIA A LA CARCEL DONDE SE ENCUENTRAN LOS PPM. INICIAREMOS A PARTIR DEL DIA 6 DE AVRIL HASTA EL DIA SABADO 8 DE AVRIL, UN AYUNO SIMBOLICO PARA EXPRESAR NUESTRO REPUDIO HACIA EL ACTUAR DEL ESTADO CHILENO Y NUESTRO MAS ABSOLUTO APOYO A LOS QUE LUCHAN Y RESISTEN “EN CONTRA DE QUIENES HAN FIJADO COMO ÚNICO NORTE DE NUESTRA HUMANIDAD ORIGINARIA, "EL DINERO"”. Los firmantes : La Défense Internationale des Droits des Peuples (DIDEPU), Le
Comité Mémoire et Justice, La Fédération
Syndicale Mondiale, Les Communistes, La Federacion suiza de izquierda
unida. |
|
Continúan reacciones por huelga de hambre de preso mapuches
en Angol, situación que ha llevado a la entidad denominada Comité
Memoria y Justicia, a enviar una carta dirigida a la máxima autoridad
de gobierno en la provincia de Malleco, la Gobernadora Tamara Sepúlveda,
a objeto de facilitar acciones en beneficio de los ayunantes. |
|
Human Rights Watch asegura que utilización de ley antiterrorista para juzgar a mapuches viola garantías procesales fundamentales. Junto a la organización chilena Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, entregaron un informe de 60 páginas titulado: "Proceso Indebido: Juicios Antiterroristas, Tribunales Militares y los Mapuche en el Sur de Chile". En el texto se muestra cómo los mapuches acusados de terrorismo se enfrentan a juicios desiguales por delitos que no constituyen un peligro directo para la vida, la libertad ni la integridad física. La aplicación de procedimientos excepcionales establecidos en la ley antiterrorista para confrontar casos de violencia extrema es totalmente injustificado si se trata de juzgar delitos, mayoritariamente contra la propiedad, sentenció Human Rights Watch. "La ley antiterrorista es inaplicable a estas conductas delictivas y además viola las obligaciones jurídicas de Chile de garantizar el respeto al legítimo derecho de todos, incluidos los mapuche, al debido proceso", señaló José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. En el informe de Human Rights Watch y el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas también se documentan casos de abuso policial contra los mapuches en el Sur de Chile. "Estos casos recurrentes no son propios de una sociedad democrática. Estos abusos deberían ser enfrentados por Carabineros y el gobierno con la mayor decisión para lograr su efectiva erradicación," dijo José Aylwin, Director del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. De hecho, los carabineros responsables de abusos y tratos degradantes contra los mapuches son juzgados por tribunales militares, los cuales tienen un historial de impunidad a favor de quienes violan los derechos de los mapuches. Adicionalmente, los mapuche acusados de violencia contra Carabineros, a pesar de ser civiles, también son juzgados por tribunales militares conformado por miembros de las Fuerzas Armadas. JUICIO EN TEMUCO En un juicio que se encuentra en curso en Temuco, siete acusados mapuches y una simpatizante no mapuche se enfrentan a cargos por pertenecer supuestamente a una asociación ilícita terrorista. Los mapuche están acusados de planear la comisión de una serie de atentados incendiarios contra bosques, campos, casas patronales y vehículos en tierras en disputa en la región de la Araucanía, en el Sur de Chile. Ninguno de estos delitos contra la propiedad alcanza la gravedad de un delito de terrorismo, enfatizó el organismo que a nivel mundial vela por el respeto a los Derechos Humanos. La ley con la cual están siendo juzgados los mapuches fue dictada en 1984 durante el régimen de Pinochet a objeto de enfrentar la creciente resistencia armada. De acuerdo con las nuevas disposiciones de esta ley, introducidas posteriormente durante los gobiernos democráticos, el delito de incendio puede considerarse atentado terrorista cuando su intención sea "producir temor en la población o en una parte de ella", aunque no constituya una amenaza directa contra la vida, la libertad o la integridad física. Valiéndose de las disposiciones de la ley antiterrorista destinada a proteger a testigos, los jueces de Temuco han permitido que la fiscalía oculte a la defensa la identidad de al menos seis testigos, obstaculizando gravemente la capacidad de los acusados para cuestionar su testimonio y refutar los cargos que se formulan en su contra. Estos denominados "testigos sin rostro" han atestiguado en los tribunales detrás de pantallas y con micrófonos que distorsionan la voz, y sólo pueden ser vistos por fiscales y jueces. TESTIGOS SIN ROSTRO El uso de testigos sin rostro viola el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -ratificado por Chile- que garantiza a todo acusado el derecho "a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo". En el año 2003, dos loncos o jefes comunales mapuche, Pascual Pichún Paillalao y Aniceto Norín Catriman, fueron condenados a cinco años y un día de cárcel por amenazas terroristas, gracias a las pruebas aportadas por testigos sin rostro. La Corte Suprema anuló una sentencia judicial previa que por unanimidad los había absuelto. Ahora los loncos se enfrentan nuevamente a cargos por asociación ilícita terrorista y podrían permanecer hasta 20 años en la cárcel, si llegaran a ser condenados. LUCHA POR LAS TIERRAS Durante los noventa, los mapuches iniciaron una serie de protestas en contra de las empresas forestales y propietarios agrícolas que desarrollan sus actividades en las tierras que ellos reclaman. Las tierras fértiles de las regiones de Bío Bío y Araucanía, territorio ancestral de los mapuches, ahora están cubiertas de plantaciones de pino y eucalipto que -según los indígenas-, dañan el ecosistema del cual depende su vida tradicional. Las protestas cobraron violencia a finales de la década de los noventa, con enfrentamientos entre grupos que ocupaban tierras disputadas y Carabineros, ataques contra camiones de compañías madereras y el incendio de edificaciones, cultivos y plantaciones de pino. Bajo una fuerte presión política, sucesivos gobiernos chilenos recurrieron a leyes de excepción cada vez más represivas para combatir la violencia. Los acusados de terrorismo suelen estar en prisión preventiva durante más de un año antes que su caso llegue a juicio. Según la Constitución, si llegan a ser condenados, no pueden ostentar un cargo público, ocupar un puesto de enseñanza, ejercer posiciones de responsabilidad en sindicatos o empresas ni ejercer el periodismo durante quince años. Además, se les niega la posibilidad de obtener un indulto presidencial. ¿TERRORISMO? Aunque la comunidad internacional no ha acordado una definición precisa de terrorismo, se da por sentado que el término sólo se aplica a los crímenes más graves de violencia política: "el equivalente de un crimen de guerra en tiempo de paz", en palabras del experto de la Subdivisión de Prevención del Terrorismo de las Naciones Unidas, A.P. Schmid. El uso de la acusación de terrorismo para delitos cometidos en el contexto de los conflictos de tierras, que no tiene tal carácter, es inadecuado y refuerza los prejuicios existentes contra los mapuches, sentenció. Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, instó al gobierno chileno a no utilizar cargos tomados de otros contextos, como el terrorismo, "a hechos relacionados con la lucha social por la tierra y los legítimos reclamos indígenas". Los tribunales militares continúan investigando todas las denuncias de abusos cometidos por Carabineros en servicio activo, y dichas investigaciones rara vez culminan con el castigo de los responsables. En el informe se insta al gobierno del Presidente Ricardo Lagos a promover legislación para restringir la jurisdicción de los tribunales militares únicamente a las infracciones militares. Dichos tribunales no cumplen las normas básicas de independencia e imparcialidad requeridas por los tratados de derechos humanos ratificados por Chile. Human Rights Watch y el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas pidieron al gobierno chileno a que sólo use la legislación antiterrorista frente a los crímenes más graves, implemente salvaguardas para proteger las garantías procesales de los acusados y se revisen los casos de los mapuche condenados por actos de terrorismo. http://www.tercera.cl/articulo/0,6727,3255_5664_95936155,00.html |
|
JAIME MADARIAGA DE LA BARRA, a US. respetuosamente digo: |
|
|